La Corte Europea de Justicia (CEJ) autorizó una ley española en la que permite a los proveedores de servicio de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) negarse a revelar la identidad de usuarios de la red que intercambian archivos de música, después de que la asociación española de productores y editores de música, Promusicae pretendiera iniciar una denuncia por violación de los derechos de autor.

Sin embargo, la CEJ señaló a través de un comunicado que "el derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil".

Los argumentos de esta instancia judicial europea fueron que  la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor "no puede ir en perjuicio de las exigencias relativas a la protección de los datos personales".

La denuncia de Promusicae refería que los usuarios estaban compartiendo archivos de música cuyos derechos corresponden a los socios de esta institución a través del programa de intercambio de archivos KaZaa.

De este modo, Promusicae demandaba a las autoridades en España que la compañía Telefónica revelara la identidad y dirección de sus clientes a los que proveía de servicios de Internet y que utilizaban este programa para compartir su música.

Pero la compañía proveedora del servicio argumentó que según las leyes españolas, los datos solicitados por la asociación musical sólo serían revelados si se aprobase una investigación criminal o para salvaguardar la seguridad pública o defensa nacional. Este argumento hizo que las autoridades españolas llevaran el caso ante la Corte Europea de Justicia.

En el comunicado emitido por la CEJ concluye que los Estados miembros, a la hora de adaptar su legislación a las directivas en materia de propiedad intelectual y de protección de datos personales, "deben basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario".

A finales de noviembre del año pasado, Francia divulgó sus planes para que ISP y propietarios de derechos de discos y películas comenzaran un proceso ante las autoridades locales para suspender el servicio de Internet a quienes se les compruebe que descargaron música y películas de manera ilegal, por lo que la decisión de la Corte Europea de Justicia podría tener implicaciones en la medida.